La decisión de la Junta militar fue mantener en la clandestinidad a las personas privadas de la libertad, es decir no registrar oficialmente las capturas; torturarlas para obtener información que condujera a más detenciones; retenerlas en centros de concentración también clandestinos; asesinar a una parte significativa de los secuestrados; no informar esas muertes y no entregar los cuerpos (Conadep, 1984). Una gran parte de quienes eran asesinados en enfrentamientos en la vía pública con las Fuerzas Armadas o de seguridad (reales o fraguados) también eran clandestinizados después de muertos. A lo largo de los años este circuito atravesó mutaciones, y también es posible encontrar excepciones. En algunas oportunidades las familias recibieron un cuerpo u obtuvieron información, pero la regla general fue el ocultamiento (CIDH, 1980).

El poder militar negó estas prácticas todo lo que pudo y cuando las denuncias crecieron financió campañas publicitarias y acciones de desinformación. Años después, algunos de los perpetradores, entre ellos el general y presidente de facto Jorge Rafael Videla, afirmaron que esta era la única forma posible de reinstaurar el orden en el país evadiendo el cuestionamiento interno e internacional que confesar los crímenes les hubiera acarreado:

No había otra solución: estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil –la desaparición de personas–, que creaba una sensación ambigua en la gente: no estaban, no se sabía que había pasado con ellos […] para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte. (Reato, 2014)

La decisión de no entregar los cuerpos requirió mecanismos de ocultamiento, que variaron según los lugares del país, el momento y las Fuerzas Armadas y de seguridad que intervinieron. En la medida en que solo fueron localizadas e identificadas alrededor del 12% de las personas registradas como desaparecidas¹ no es posible concluir un listado cerrado de las formas de disposición final de los cadáveres, únicamente se puede dar cuenta de los métodos que el hallazgo de personas permite asegurar que existieron. Describirlos y analizarlos es posible hasta cierto punto que, como veremos, varía según el mecanismo y las zonas en las que se organizó la represión.

Una proporción de las personas asesinadas, luego del secuestro o en un enfrentamiento real o fraguado, fueron dejadas en la vía pública. De allí fueron recogidas por las autoridades policiales o militares, atravesaron la misma trayectoria institucional que cualquier víctima de una muerte violenta y fueron inhumadas sin identidad en un cementerio. Este circuito existió en muchos lugares del país, en especial en las provincias que concentraron la mayor cantidad y tasa de denuncias de desaparición, como Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Córdoba y la capital del país. Con frecuencia, además, los cadáveres fueron violentados para evitar la identificación: incinerados, sometidos a la acción de explosivos, sus manos cortadas.

A diferencia de otras formas de ocultamiento, este mecanismo dejó un volumen significativo de documentación oficial: actas de defunción, causas judiciales, prontuarios policiales, registros en libros de ingreso a cementerios, y otros documentos de este tipo que dejaron rastros de los hechos y de elementos fundamentales como las huellas dactilares tomadas a los cadáveres. Además, muchos de los episodios de hallazgos de cuerpos en la vía pública eran registrados por la prensa gráfica. En síntesis, “los elementos que se utilizan para hacer/ocultar implican la utilización de medios que dejan –de manera más o menos directa– vestigios” (Somigliana, 2012). Encontrar, entender y procesar esa gran cantidad de vestigios desperdigados en la burocracia estatal es una tarea compleja, que ha llevado décadas, y de la que aún hoy surgen nuevas identificaciones.

De todas maneras, el efecto de la clandestinidad de los crímenes se impone también en muchos de estos casos. En numerosos homicidios, fueron las autoridades militares las que tramitaron las muertes: hicieron público que “extremistas” habían sido “abatidos” y gestionaron certificados de defunción y lugares de inhumación. Esta documentación quedó dentro del sistema militar: a veces pudo ser recuperada, en otras ocasiones los hechos son conocidos por la prensa, cables de la inteligencia policial y las actas de defunción. En algunos casos es posible identificar a una persona y fechar su muerte pero no lo es reconstruir dónde estuvo secuestrada. A no todos los cadáveres se les tomaron las huellas dactilares, y no todas las huellas tomadas son útiles para la identificación. Aproximadamente, de un 20% de los desaparecidos que fueron localizados en cementerios no pudieron ser recuperados sus cuerpos debido a que habían sido retirados de los lugares originales de inhumación y trasladados al osario, una práctica administrativa muchas veces no impedida por las autoridades judiciales. En suma, incluso respecto al mecanismo de desaparición del cual fue posible recuperar más registros, la verdad que se puede reconstruir es generalmente parcial.

Otro conjunto de detenidos-desaparecidos fueron dispuestos en fosas clandestinas dentro de predios donde funcionaron campos de concentración, como guarniciones del Ejército, destacamentos policiales e incluso un hospital público (Centro de Información Judicial, 2017), o en fosas igualmente clandestinas y exteriores a esos lugares. Se han localizado tanto sepulturas individuales como colectivas de distinta magnitud: la mayor fosa común clandestina encontrada hasta el momento es el Pozo de Vargas, en Tucumán, de donde fueron recuperadas 149 personas, algunas de ellas desaparecidas en 1975. Este método también implicó la incineración de cadáveres: en varias de las fosas localizadas se habían montado estructuras de combustión. El daño agregado por el fuego dificulta hasta hoy la identificación debido a que obstaculiza y puede llegar a imposibilitar el procesamiento del material genético. El interrogante sobre cuántas personas tuvieron como destino final fosas clandestinas permanece abierto. Está incógnita tiene un peso mayor en los lugares del país donde hay una gran cantidad de hombres y mujeres denunciados como desaparecidos, funcionaron núcleos represivos importantes y hasta el momento se pudo recuperar una proporción muy acotada de cuerpos, como las provincias de Córdoba, Mendoza y el noreste del país.
Tanto la inhumación en los cementerios como el uso de fosas clandestinas fueron denunciados tempranamente por familiares de las y los desaparecidos y por las organizaciones de derechos humanos. En algunos casos, participantes de las estructuras estatales abocadas a la represión o que recibían sus consecuencias, como las morgues, también dieron información de gran utilidad.

Un tercer mecanismo de desaparición fue implementado por algunos centros clandestinos de detención, que por el lugar que ocuparon en la estructura represiva reunieron a una gran proporción de los detenidos: arrojar a las personas desde aeronaves al Río de la Plata o al mar.

Algunos centros clandestinos de detención adoptaron prácticas propias, que incluyeron ocultar cuerpos en el agua sin recurrir a vuelos. Por ejemplo, personas cuyo último destino conocido fue Automotores Orletti fueron encontradas dentro de tambores de doscientos litros, rellenados con cemento y cal, que habían sido arrojados al río Luján, en el norte de la provincia de Buenos Aires². Víctimas de ese mismo centro clandestino fueron encontradas en la playa de la localidad de Hudson, en la misma provincia, desnudas y amarradas con alambre a un camastro de hierro; las heridas descriptas en las autopsias y el particular amarre sugieren que no fueron arrojadas desde un avión. El Río Paraná también recibió cuerpos. Entre el 28 de septiembre y 11 de octubre de 1976 dos hombres y una mujer fueron encontrados en su cauce, cerca de la Vuelta de Obligado. Estaban amordazados, con las manos atadas, uno de ellos tenía heridas de arma de fuego. Solo una de las víctimas pudo ser identificada, había sido secuestrada a principios de agosto de ese año en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Estos y otros muchos casos que incluyeron arrojamientos desde puentes, embarcaciones u otras naves tenían la misma finalidad: que el agua se encargara de perfeccionar la desaparición.

* Jorge Rafael Videla, citado por Reato (2014).

1. Los porcentajes de esta sección están construidos tomando datos de Equipo Argentino de Antropología Forense (2025) y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2015). ↩︎
2. A ese hecho corresponde la foto de inicio de esta sección, tomada el 14/10/1976 (causa 26966). ↩︎